Autor: Francisco José De Rosa.
Durante los quince meses que el mundo lleva sumido en la batalla a la Pandemia originada por el virus COVID 19 las medidas colectivas adoptadas para evitar su propagación han generado en la ciudadanía cambios culturales variados e importantes que incluyen alteraciones en la forma de saludarnos, la construcción de un halo de cuidado en torno a la distancia que mantenemos con los demás, la metodología de videollamadas para llevar adelante reuniones laborales, nuestra concepción de la esencialidad o no de prestar servicios con presencia física, una aceleración hacia la aceptación de nuevos métodos de capacitación a distancia, y la intensificación de nuestro consumo de información, entre otros tantísimas modificaciones de hábitos que todos experimentamos.
La Pandemia también ocasionó un grave deterioro del entramado económico social en nuestro país y en el mundo, ya que las decisiones gubernamentales tendientes a aislar obligatoriamente a la población trajeron como consecuencia la cuasi aniquilación de determinados sectores del comercio y servicios, que incluyeron el turismo, la gastronomía, los shoppings y los locales comerciales en microcentros o peatonales, entre tantos otros sectores verdaderamente arruinados por la conversión obligada de los hábitos de los consumidores.
También la crisis presentó oportunidades para ciertos sectores, vg. los vinculados a la tecnología, quienes vieron florecer sus mercados y ganancias a niveles extraordinarios.
El presente trabajo trata sobre una serie de “llamados de atención” que venimos acumulando respecto al impacto que estos cambios de hábito pandémicos han ocasionado en materia fiscal. Son las conclusiones de dichas observaciones las que queremos resaltar en este trabajo, ya que entendemos se tratan de fenómenos culturales sociales que a mediano plazo amenazan con producir consecuencias significativas, muy negativas y difíciles de revertir en los hábitos de cumplimiento fiscal de la comunidad.
La Tecnología aplicada a la Administración Fiscal.
Incluso antes de la pandemia, los nuevos recursos tecnológicos disponibles empezaron a permitir a la Administración Fiscal ejercer un control anti evasión mucho más eficiente y amplio que el que ejercía sólo una década atrás.
El acceso a la información globalizada y compartida entre miles de estados y naciones, bancos, tarjetas de crédito, aerolíneas, registros propietarios y transaccionales, ya empezaban a permitir a la inteligencia artificial detectar maniobras evasoras de los contribuyentes alcanzados por cada jurisdicción. La aparición más reciente de determinados algoritmos que incluso infieren a través de publicaciones en redes sociales el nivel de consumo de determinadas personas evidenciaba que los avances en tecnología de fiscalización resultarían incrementales y mucho más precisos en sólo pocos años.
La Pandemia, a su vez, al consolidar culturalmente en los hábitos de ciudadanos y funcionarios fiscalizadores el uso intensificado de las herramientas tecnológicas (como billeteras virtuales, plataformas comerciales, apps de compraventa de servicios, monedas digitales y todo el espectro de multiplicación de registros denominado blockchain), sugería que en el futuro inmediato el universo de evasión debería verse minimizado gracias a esta multiplicidad de recursos.
Sin embargo, es necesario llamar la atención de algo que está sucediendo en Argentina y supone, justamente, todo lo contrario.
El contexto local y la pandemia.
El último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos de República Argentina (INDEC)[1] refleja la cruda realidad de la pobreza como un mal endémico que azota a nuestro país desde hace décadas.
Los datos del primer trimestre de 2021 indican que el 42% de las personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza (LP) en los principales conglomerados urbanos de la Argentina.
En el Gran Tucumán-Tafí Viejo, desde donde escribimos estas líneas, se registró una de las tasas más elevadas de pobreza con un 43,5%. Estos registros no tienen precedentes desde hace más de 14 años.
Este mismo informe ubica nuestra Provincia con los niveles más altos de desempleo del país. La desocupación pasó de 9,7 a 13,1 %, particularmente en el conglomerado urbano de Gran Tucumán-Tafí Viejo: Unas 52 mil personas están desocupadas. Sólo en este primer trimestre de 2021 se perdieron en Tucumán 13 mil puestos de trabajo.
Ante tamaña situación macroeconómica, no es casual que observemos día a día la creciente difusión en la vía pública de “emprendimientos” familiares o unipersonales que no cuentan con ningún tipo de autorización para funcionar, pues no reúnen las condiciones mínimas de habilitación, e incluso avanzan sobre espacios comunes en calles, plazas, parques y bulevares, ofreciendo toda clase de productos y servicios, desde ropa, plantas, mobiliario, lavado de autos, hasta alimentos como huevos, lácteos y verduras. El extremo es tal que fuimos testigos del funcionamiento de verdaderas carnicerías montadas precariamente y sin refrigeración alguna ostentando medias reses colgadas al sol a la vera de Avenidas principales de nuestra Ciudad.
Entendemos que el fenómeno no es sólo tucumano, ya que situaciones similares se viven alrededor de las denominadas “saladas” o “saladitas” en el conurbano bonaerense y en otras muchas localidades de nuestro país.
Creemos que la pulverización económica de determinados sectores y las pérdidas cuantiosas de fuentes de empleo que ha provocado la pandemia y las consecuentes medidas adoptadas por los gobiernos para evitar la catástrofe sanitaria nacional, han llevado a una especie de “tolerancia” oficial desde los municipios que ejercen el contralor de la vía pública, hasta las reparticiones fiscales y sus organismos internos fiscalizadores, como es el caso de DGR Tucumán y AFIP. Similar “tolerancia” o ausencia en la fiscalización del territorio puede predicarse del Ministerio de Trabajo de la Nación o la Secretaría de Trabajo de la Provincia. Simplemente nadie está controlando lo que sucede en el espacio público.
Entendemos que también las características del régimen laboral a distancia que se optó por otorgar a los empleados públicos que trabajan en dichas reparticiones ha contribuido a esta claudicación de la fiscalización en el territorio. Quienes antes cumplían tal rol, hoy por cuestiones epidemiológicas se encuentran prestando servicios desde sus hogares en forma remota. Sin embargo, la fiscalización vía zoom no es factible, y si bien las herramientas tecnológicas permiten ejercer cierta supervisión sobre los contribuyentes que se encuentran en determinada franja de la pirámide económica social, no logran suplir el control territorial harto necesario.
Podría argüirse que la Administración Fiscal no está preocupada o interesada por el nivel de evasión denunciado en atención a que se trata de comercio minorista en un sector de la población que no logra acumular riqueza, es decir que no posee bienes que puedan tornarlo agredible patrimonialmente, y mucho menos pasible de encontrar preocupación ante la amenaza de eventuales multas o sanciones. En ese sentido, pareciera que la Administración Fiscal habría decidido concentrar esfuerzos en el sector productivo y acumulador de riqueza, valiéndose de la utilidad de las herramientas tecnológicas y claudicando, por innecesario, a retomar ese control territorial.
No coincidimos con esta forma de pensar y en especial consideramos que el abandono de la fiscalización territorial ocasionará gravísimas consecuencias en el mediano y largo plazo a esa sensación fiscal colectiva impregnada en la psiquis de las comunidades: Nuestra “Percepción Fiscal Comunitaria”.
Normas Sociales Descriptivas o “Percepción Comunitaria”.
Daniel Schwatrzman en “Propuestas para evitar la evasión fiscal”[2] manifestó que: “Los contribuyentes no elaboran ningún tipo de decisión racional compleja como para llegar a ponderar todas las consecuencias de su conducta” sino que ese tipo de decisiones son espontáneas, es decir, guiadas por lo que ocurre a su alrededor.
Existe opinión firme entre numerosos autores en el sentido que una de las principales causas de la evasión es la evasión misma siendo su difusión uno de sus principales motivos, es decir, se comunica la experiencia de evadir de un contribuyente a otro sin medir consecuencias.
También Spicer y Lundsted han desarrollado estudios que demuestran que la forma en que perciben los contribuyentes la equidad del sistema y el conocimiento personal de otros evasores es un factor determinante en la conducta fiscal[3].
Este tipo de apreciaciones propias de la ciencia tributaria encuentran cabida en estudios llevados adelante por antropólogos y científicos en torno a los hábitos comunitarios y las razones por las cuales las personas imitan lo que los demás hacen.
Un hallazgo bien documentado entre los investigadores que estudian el comportamiento social del “littering” es que la mayor probabilidad de tirar basura se da en un entorno lleno de basura, mientras ello no sucede en comparación con un entorno limpio[4].
Los investigadores que estudian las normas sociales explican que la inclinación a abstenerse de tirar basura en entornos limpios es el resultado del poder de las normas descriptivas, que son las normas relativas a la prevalencia de un comportamiento determinado.
El concepto de “normas sociales descriptivas” explica muchísimos comportamientos humanos que se multiplican en función de la sensibilidad que los individuos tenemos respecto de la situación que nos rodea. En especial se ha utilizado para explicar fenómenos de crecimiento de índice del delito, pintadas de graffitis en la calle, o multiplicación del “littering” o exceso social de arrojar basura en la vía pública.
El investigador social más reconocido al respecto, Robert Cialdini, sostiene que “una de las cosas que es fundamental para la naturaleza humana es imitar las acciones de quienes nos rodean”. Todos los estudios realizados por Cialdini respecto a las formas de lograr que la gente arroje menos basura apuntan al hecho de que es probable que las personas hagan lo que creen que se espera de ellos, y lo que se espera de ellos es simplemente todo lo que los demás hacen. Se trata de normas y expectativas, dice: cámbielas y cambiará el comportamiento de las personas[5].
“Los resultados más dramáticos que hemos obtenido provienen de situaciones que muestran que las personas desaprueban tirar basura”, dijo Cialdini. “En un estudio que se llevó a cabo en el estacionamiento de una biblioteca, la gente encontraba un trozo de papel en su parabrisas. Lo que más afectaba a las personas era cuando veían a alguien cercano que se agachaba y recogía un pedazo de basura con una mirada de desaprobación. Cuando llegaron a sus propios autos, ni una sola persona tiraba basura. Si no veían a nadie recogiendo basura, el 33 por ciento la arrojaba. Pasamos de un tercio de los sujetos tirando basura a cero personas, cuando vieron un ejemplo de alguien como ellos que la recogía y mostraba desaprobación “.
A conclusiones similares arribaron los criminólogos Wilson y Kelling al desarrollar la tan famosa “Teoría de las Ventanas Rotas”[6], en base a los experimentos de Philip Zimbardo: Sostuvieron que una ventana rota transmite una idea de dejadez, de abandono, de desinterés, sensaciones que rompen de cierta forma con estándares de convivencia. La ventana rota evidencia un contexto donde no existen las reglas, donde vale todo. Se trata de la percepción que los miembros de una comunidad tienen sobre ella.
Según Wilson y Kelling, son las “pequeñas faltas o faltas leves” las que dan pie a que se comentan delitos más graves. El impulso que conduce a la gente a que participe en determinada conducta no proviene de un tipo especial de persona, sino de una característica del entorno, como señala Malcolm Gladwell explicando esta teoría[7]:
Cuando se rompe una ventana de una vivienda y nadie la repara es probable que al tiempo se rompa otra más. Con las comunidades pasa lo mismo. En un ambiente donde las contravenciones leves se toleran y los espacios públicos muestran visibles signos de abandono, se construye la percepción del “todo está permitido”, tornando las conductas de quienes así lo perciben cada vez más hostiles, generando un ambiente de violencia creciente exponencial, donde las infracciones leves contribuyen a la construcción de un entorno proclive a la comisión de delitos mayores.
Percepción Fiscal Comunitaria.
¿Cómo percibimos los argentinos el nivel de cumplimiento de nuestros ciudadanos a las normas de habilitación de comercios, cuidado bromatológico, emisión de facturas, o pago de impuestos? ¿Están “rotas” nuestras ventanas?
¿Cuál es la reacción de la autoridad de contralor frente a tales incumplimientos? ¿Cuál es nuestra reacción como consumidores frente a la clara evasión en la que está incurriendo en forma generalizada quienes venden sin autorización en la calle?
Nuestro entorno social no sólo es tolerante con la evasión, sino que la abraza. Los argentinos estamos internalizando y naturalizando la evasión. Nadie recrimina nada a alguien que evade, o que se coloca en la vía pública a ofertar productos sin autorización alguna.
¿Qué siente el comerciante qué sí cuenta con habilitación, qué paga impuestos, que tiene a su personal en regla ante esta situación de absoluto descontrol? ¿Cómo lo afecta esta competencia absolutamente desleal?
Entendemos que la pandemia ha terminado de destruir los pocos vestigios de una percepción fiscal comunitaria saludable.
Habiéndose abandonado por completo el control territorial, quien realmente intente llevar adelante su negocio en regla y pagando impuestos no sólo competirá con los precios mucho más bajos del informalismo, sino que sentirá que no tiene sentido realizar tal esfuerzo, pues “todos los demás lo hacen”, que es el mensaje que exhibe la norma social descriptiva: Las múltiples ventanas rotas.
Colofón.
Cómo conclusión a lo antes expuesto, creemos que resulta necesario que la Administración Fiscal retome en conjunto con autoridades municipales y del control de empleo la fiscalización territorial lo antes posible.
De otra forma se permitirá una imitación y multiplicación cada vez mayor de la conducta antijurídica al punto que, siguiendo la tesis de Malcolm Gladwell en su libro “El Punto Clave”, se alcanzará un punto de inflexión donde la difusión del comportamiento evasivo hará realmente difícil que la autoridad logre en el corto plazo retornar a índices de cumplimiento fiscal como los previos a la pandemia, incorporándose al conjunto de evasores cada mes más contribuyentes, incluso aquellos que antes cumplían regularmente su obligación fiscal.
[1] https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_02_2082FA92E916.pdf
[2] Daniel Schwartzman, “Propuestas para reducir la evasión fiscal”, Premio Manuel Belgrano Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, 1990.
[3] https://www.ceats.org/uploads/asistencia/monografias/4to_concurso_2do_premio_monografias.pdf
[4] Por ejemplo, Finnie, 1973; Geller, Witmer y Tuso, 1977; Heberlein, 1971; Krauss, Freedman y Whitcup, 1978.
[5] Reno, Raymond R., Robert B. Cialdini, and Carl A. Kallgren. “The transsituational influence of social norms.” Journal of personality and social psychology 64.1 (1993): 104.
[6] James Q. Wilson and George L. Kelling. «BROKEN WINDOWS: The police and neighborhood safety» (PDF). Consultado el 3 de septiembre de 2007
[7] Gladwell, Malcom, “El Punto Clave” Ed. Taurus 2000.
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