Opinión

La distorsión de los Regímenes Recaudatorios por parte de la Provincia de Tucumán. El Convenio Multilateral en Riesgo.

Jul 31, 2015 Derosa y Asoc.

La distorsión de los Regímenes Recaudatorios por parte de la Provincia de Tucumán.

El Convenio Multilateral en Riesgo.

Francisco J. De Rosa

Abogado – UNT

 

El objetivo del presente trabajo es dar una señal de alarma a profesionales y autoridades tanto de la Federación Argentina de Profesionales de Ciencias Económicas, como de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, de las peligrosas consecuencias que se están provocando a los contribuyentes, a los fiscos y al Convenio en particular, debido a la falta de acciones concretas de la Comisión contra los distintos actos desplegados por parte de la Dirección General de Rentas de Tucumán vinculados a los regímenes de Recaudación Bancaria y Agente de Percepción, actos estos últimos que en general desvirtúan los límites impuestos por el Convenio y en particular, en función de la inacción de la Comisión Arbitral, representan un grave riesgo para la vigencia real de las pautas contables y procedimentales del Convenio.

 

  1. El Convenio Multilateral.

El origen del Convenio Multilateral tiene su antecedente principal en la aparición simultánea en prácticamente todas las jurisdicciones del impuesto a las actividades lucrativas, luego denominado impuesto a los ingresos brutos, a partir del año 1948.

Inmediatamente de creado el tributo y su hecho imponible en cada jurisdicción se presentan los problemas de doble imposición y los conflictos entre fiscos y entre estos y los contribuyentes. Como respuesta a estos conflictos, se firma primero un pacto bilateral entre la provincia de Buenos Aires y la entonces municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en 1953, que ese mismo año se extendió a todas las jurisdicciones.

Numerosas fueron las modificaciones que sufrió ese texto original, hasta la rúbrica en 1977 del actual texto vigente.

  • Naturaleza y Objetivos.

Dino Jarach sostiene que el Convenio Multilateral es un acuerdo celebrado entre jurisdicciones con poderes tributarios propios, que tiene por objeto armonizar o coordinar aspectos referidos a un gravamen que todos esos fiscos han sancionado, en razón que el principio de territorialidad es de difícil aplicación cuando los ingresos brutos se devengan como retribución de una actividad desarrollada sólo en parte en jurisdicción del sujeto activo, por lo que no pueden ser atribuidos entera y exclusivamente a la actividad producida en una sola jurisdicción (Finanzas Públicas y Derecho Tributario, p. 814, Abeledo Perrot, Bs. As. 1996).

Según Mario Althabe, ninguna de las jurisdicciones puede válidamente gravar en forma plena actividades que sólo se desarrollan parcialmente en su jurisdicción, sin infringir derechos constitucionales de los contribuyentes, por lo que el Convenio representa una herramienta, “un método razonable y discreto que dirime cuál es la parte de la materia imponible que corresponde a cada jurisdicción” (M. Althabe y Alejandra P. Sanelli, El Convenio Multilateral, p. 14, Ed. La Ley, Bs. As. 2013), que responde a una necesidad jurídica, pues la limitación sobre las potestades que tienen los fiscos locales viene dada por la propia naturaleza del hecho imponible.

  • El compromiso asumido por los Fiscos.

La totalidad de las jurisdicciones argentinas ha suscripto el convenio y ratificado el mismo por sus respectivos órganos legislativos.

Entendemos que los fiscos adheridos al convenio no relegan sus potestades tributarias, sino que se someten a esta norma de orden superior cuando los contribuyentes del impuesto sobre los Ingresos Brutos encuadran en el art. 1 del Convenio Multilateral, y cuando esto sucede, las normas tributarias provinciales deben ceder en todo cuanto contraríen o desvirtúen los lineamientos de tratado que plantean los artículos del Convenio.

Específicamente, los fiscos adheridos se han comprometido a no tomar mayor base imponible que la que les corresponde en perjuicio de otros fiscos. De esta forma, indirectamente se evita la doble imposición, el perjuicio al contribuyente y la multiplicidad de litigios.

Este compromiso de no tomar mayor base que la que corresponde a la jurisdicción se ha establecido a través de una serie de lineamientos contenidos en el diverso articulado del Convenio y que permiten una adecuada, también arbitraria, forma de distribuir la base.

En este sentido, el impacto que las normas locales provoquen al funcionamiento del sistema de distribución de base puede resultar contrario a los compromisos asumidos, y por lo tanto invalidado a través del procedimiento establecido por el Convenio.

  • La territorialidad.

La jurisdicción que pretenda gravar los ingresos de un contribuyente debe acreditar que al menos una porción de la actividad de éste se desarrolla dentro de su territorio.

Explican Althabe y Sanelli con acierto que las normas del convenio no atribuyen jurisdicción, sino a la inversa, el convenio sólo es aplicable si hay concurrencia de facultades locales sobre la misma materia gravada (op. Cit, pág. 16).

Este concepto es clave en razón de los múltiples abusos en los que han incurrido las jurisdicciones, sobre todo en materia de agentes de percepción: Primero debe definirse la procedencia de la imposición local, y luego aplicar las reglas del Convenio.

Sin sustento territorial no hay base que dirimir a través de los postulados del Convenio, y por lo tanto, no hay tributo que recaudar en la fuente.

El inconveniente se concentra en la utilización distorsiva del criterio de asignación de actividad y por ende jurisdicción por los gastos de los sujetos a quienes se pretende incorporar como contribuyentes del impuesto local. Entendemos que no se puede considerar exclusivamente la adquisición de bienes de terceros sitos en la jurisdicción como criterio de extensión de jurisdicción. Caso contrario todos seríamos contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires y/o de la Provincia de Buenos Aires. Estas compras no reflejan actividad del sujeto en esas jurisdicciones.

El problema se agrava en la práctica a través de las resoluciones de distintos fiscos, como el Tucumano sub examine, que han creado pautas de presunción de territorialidad, extendiendo la actividad de los contribuyentes más allá de lo que ya se había extendido en función de los gastos del mismo y según las previsiones del Convenio.

Si bien trataremos el tema en detalle luego, basta decir que para Tucumán, según su RG 79/02, son consideradas celebradas “en el ámbito de la Provincia de Tucumán” las compras “realizadas por los sujetos extrajurisdiccionales, cualquiera sea su domicilio fiscal, al igual que las locaciones o prestaciones por ellos contratadas, que se efectúen sobre bienes o cosas que se recepcionen o sitúen, en cualquier etapa de su comercialización, producción, elaboración, fabricación y similares (acopio, almacenaje, depósito, etc.), en sedes, establecimientos, locales, depósitos o cualquier otro tipo de asentamiento dentro del territorio de la Provincia de Tucumán”.

Como puede rápidamente advertirse la extensión de la jurisdicción que esta norma genera es además de indeterminable, inaceptable.

Constituye una presunción de territorialidad in extremis, que ha llevado a DGR Tucumán a sostener que las operaciones de compra de bienes facturados y entregados en otra provincia son pasibles de percepción por haberse producido o almacenado en alguna etapa del proceso de comercialización en la jurisdicción Tucumán.

Ello genera un trastorno para el contribuyente que se ve obligado a recuperar importes detraídos sin causa, inscribiéndose en la jurisdicción Tucumán aun sin actividad en ella, pero genera un inconveniente mayor para el  empresario tucumano, que sufre un perjuicio competitivo en función tanto del incremento porcentual en su precio en comparación con sus competidores situados fuera de Tucumán, como en su caso del rechazo que genera a un comprador saber que debe incurrir en una burocracia estéril para inscribirse y recuperar el sobreprecio que le exige el fisco a su proveedor.

 

  1. Regímenes de Recaudación, Retención y Percepción a la luz de las disposiciones del Convenio.

No es un tema novedoso, ni escapa a la simple percepción de cualquier empresario o profesional del medio, el avance indiscriminado que los Fiscos provinciales han venido efectuando en los últimos tiempos con relación a los regímenes de “pagos a cuenta” del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

No queremos centrarnos en este trabajo en describir cada uno de ellos, sino en las consecuencias harto perjudiciales que su indebida instrumentación ocasionan a agentes, contribuyentes y a fiscos de otras jurisdicciones.

Entendemos que nos hallamos ante un régimen de retención o percepción legítimo si éste guarda relación o vinculación con el hecho imponible generador de la obligación tributaria a cargo del retenido o percibido, y si se designan, pues, como retentistas o percepcionistas, sujetos que participan o intervienen directamente en el nacimiento de ese hecho imponible previsto en el impuesto (El convenio multilateral y los problemas interpretativos que acarrea su aplicación, Lorena Almada, XL Jornadas Tributarias del Bicentenario)

Es evidente que para las provincias estos regímenes constituyen invalorables herramientas de política tributaria que, en materia recaudatoria, presentan beneficios para las arcas fiscales. No obstante, el uso desmedido ocasiona innumerables distorsiones y complicaciones a los actores económicos, los que ven dificultada en forma palmaria el desarrollo normal de sus actividades.

Las Provincias ven íntimamente ligados la mayor parte de sus ingresos al método de pagos a cuenta anticipados lo que ha llevado a que los contribuyentes se encuentren cada vez más con enormes saldos a su favor de imposible o de muy difícil recupero, habiéndose agravado para los sujetos del Convenio Multilateral en función de las cada vez más exigentes reglamentaciones provinciales.

Este panorama sombrío se proyecta, asimismo, a los sujetos pasibles de estos regímenes, toda vez que los mismos suelen estar permanentemente expuestos a la constante generación de saldos a favor. Estos saldos generan costos financieros importantes en la mayoría de los casos, agravado por el hecho que en numerosas provincias la obtención de un certificado de exclusión de retenciones y/o percepciones es sumamente burocrático, al extremo que a veces, los que solicitan estos certificados, se ven obligados a soportar una inspección la que puede llevar un tiempo prolongado hasta su finalización.

Por si esto fuera poco, en general no está previsto el otorgamiento de certificados provisorios, por lo que el sujeto pasible debe seguir sufriendo las consecuencias del régimen de percepción en la fuente mientras es fiscalizado para -luego de un plazo considerable con el constante aumento de su saldo a favor-, finalmente pueda obtener un certificado de exclusión que -las mayorías de las veces-, se extingue antes de absorber todo el crédito, lo que nuevamente origina la situación descripta.

Como puede observarse, se genera un permanente círculo vicioso, que puede empeorar ante desmedidas pretensiones que surgen de las inspecciones por parte de los Fiscos provinciales, los cuales buscan en algunos casos hacer ajustes con poco sustento técnico a los fines de evitar otorgar los certificados de exclusión y evitar la absorción de los saldos a favor, convirtiendo dichos créditos en verdaderos impuestos que no tienen causa válida que los justifique.

Es esta consecuencia lamentable, la de la acumulación exagerada de saldos a favor por parte de los fiscos lo que provoca la imposibilidad de permitir la concepción y vigencia de sistemas que contribuyan a la devolución eficiente de los saldos y/o a evitar el crecimiento permanente de esas cuentas.

Muy por el contrario, lo que sucedió en muchas jurisdicciones es justamente lo opuesto: La aparición de reglamentaciones de neta voluntad recaudatoria, que avanzan a través de distintas herramientas extendiendo la jurisdicción del fisco actuante, y violentando los lineamientos instituidos por el Convenio Multilateral, a través del mecanismo instaurado por cada jurisdicción para regular los pagos a cuenta que deparan los regímenes de recaudación, retención y percepción.

 

  1. La Grave Distorsión del Sistema en Tucumán.

Veamos el caso de Tucumán, que con gran ingenio, ha demostrado ser la jurisdicción pionera para concebir herramientas que le permitan tomar base imponible de otras jurisdicciones con claro perjuicio a los contribuyentes y agentes.

3.1 El Régimen de Recaudación Bancaria (Rebeldía No Declarada).

El caos que ocasionaran las múltiples disposiciones provinciales de recaudaciones, llevó a que el mismo contribuyente sufriera numerosas recaudaciones de distintas jurisdicciones. Ello originó la intervención de la Comisión Arbitral, quien intentó paliar los inconvenientes del sistema, con el dictado de la resolución general (CA) 104/200463, que creó el “SIRCREB”, tendiente a unificar los diversos regímenes de recaudación sobre acreditaciones bancarias implementados por las provincias.

No obstante, que dicho sistema no brinda una justa solución a múltiples inconvenientes que en la práctica presenta el sistema de recaudación en cuenta, el sistema morigera los problemas ocasionados a los contribuyentes a tenor de los regímenes de recaudación.

A través de las resoluciones generales Nº 82/13, 83/13 y 84/13, la Dirección General de Rentas de la Provincia de Tucumán dispuso que a partir del período fiscal 2014 los contribuyentes comprendidos en el Convenio Multilateral, excepto los encuadrados en su artículo 8 (entidades financieras) deberán liquidar y determinar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y sus respectivos anticipos correspondientes a esa jurisdicción mediante la utilización de un programa aplicativo local denominado “SiAPre”.

Las autoridades del fisco tucumano sostuvieron que la decisión de retirar la Provincia del sistema dispuesto por el convenio multialteral obedecía a la falta de adecuación del sistema denominado Si.Fe.Re. a lo dispuesto por la jurisdicción a través del nuevo régimen de anticipos establecido por la RG (DGR Tucumán) Nº 140/12 y complementaria, definiendo que el formulario CM03 pasa a tener mero carácter informativo en ese territorio.

Más allá de las banales causas explicitadas, ello tiene como consecuencia práctica la duplicación de actividades y tareas.

Esto fue advertido por la FACPCE, al indicar que la R.G. (DGRTuc.) Nº 84/2013 vulnera el régimen de Convenio Multilateral al que todas las provincias han adherido, pues la Provincia no tiene atributos para “apartarse de manera unilateral del régimen de Convenio Multilateral” y que su deber es proponer a la Comisión Arbitral las adecuaciones al aplicativo SIFERE que estimare necesarias.

Así, la FACPCE requirió a la Dirección General de Rentas de Tucumán la derogación de la Resolución 84/2013 y le solicitó que la cuestión fuere sometida a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.

Resulta impensado que los restantes fiscos y la propia Comisión Arbitral no hayan tomado medidas al respecto.

3.2 Distorsiones vinculadas a los regímenes de Percepción y Retención.

En Tucumán, las RG 80/00 y 23/02 regulan los regímenes de Agentes de Percepción  Retención y junto a la RG 72/09 reglamentaria del régimen de percepción ocasionan serios problemas y distorsiones, vinculadas a la creación de una territorialidad provincial ficticia, a través del recurso a las presunciones de territorialidad, y por medio del establecimiento de un sistema de alícuotas diferenciales de retención y percepción que le permite excederse de las prohibiciones contempladas en la RG 3/2010 de la Comisión Arbitral.

Todo esto, además, se encuentra acompañado de prácticas determinativas teñidas de voracidad fiscal en contra de los Agentes, institucionalizadas por la Dirección General de Rentas de Tucumán. Veamos algunas de ellas:

  1. a) Ante la falta de presentación de documentación por parte del agente de un contribuyente correctamente identificado en los registros de la DGR, se sanciona con una triplicación de la alícuota a cargo del agente sobre la base imponible, cuando lo correcto sería aplicar un multa por incumplimiento formal si es que no ocasiona daño fiscal.
  2. b) Se practica un sistemático desconocimiento arbitrario e injustificado de carácter recaudatorio por parte la DGR de la exención tributaria para todos aquellos organismos e instituciones que representan al estado a nivel nacional, provincial, o municipal.
  3. c) Desestimación sistemática de documentación respaldatoria en poder de los agentes, incluso de carácter de DDJJ, que teniendo el mismo contenido declarativo de un documento análogo y en conocimiento franco por parte de la DGR, con el fin de generar un hecho imponible ficticio y confiscatorio. Por ejemplo, no se considera válido un comprobante CM01 tipo C (Incorporación de nueva jurisdicción) aunque contenga idéntica información fiscal de un CM01 tipo A (Alta de jurisdicción), que es el único aceptado en su tipo, para los intereses tributarios de la DGR de Tucumán.
  4. d) Generación de alícuotas castigo para sujetos no identificados, mediante prácticas confiscatorias para ampliar las bases imponibles por expresa indicación de la DGR, ya que ordena considerar que se incluya impuestos tales como el IVA dentro de la misma.
  5. e) Reglamentación por parte del fisco provincial (RG 86/00 art 6º 2º párrafo) que vulnera toda norma de retención y/o percepción de impuestos a nivel nacional y de otras jurisdicciones en donde se desconoce la inscripción de la CUIT que permite ver con claridad los impuestos ante los cuales un contribuyente se encuentra inscripto, como es el caso del impuesto al valor agregado (IVA) y obliga a retener o percibir sin posibilidad de detraer de la factura el impuesto. Con esta metodología se desconoce la constancia ante AFIP, a pesar de la falta de inscripción en la jurisdicción, necesaria e imprescindible para acceder a la inscripción ante la Dirección General de Rentas.
  6. f) Imposibilidad por parte de los contribuyentes de consultar la base de datos de la DGR de forma online para la correcta identificación de los sujetos alcanzados por las distintas alícuotas de IIBB, a fin de evitar caer en faltas involuntarias. Es el caso de los sujetos comprendidos en el régimen de Convenio Multilateral.
  7. g) No reconocimiento de documentación respaldatoria, si la misma es posterior al hecho imponible, incluso en los casos que no reviste modificación que alterase el hecho recaudatorio.
  8. h) Imposibilidad de generar Retenciones o Percepciones Online que faciliten y simplifiquen las acciones comerciales normales de los contribuyentes al momento de realizar compras espontáneas.
  9. i) Aplicación de una doble imposición para aquellos casos en los que el contribuyente tributó el impuesto de IIBB y el Agente de Retención y/o Percepción no hubiera cumplido su tarea. La DGR reclama cumplir con la tarea del Agente plenamente y la posterior multa por la omisión cometida, incluso si el tributo hubiera sido adecuadamente ingresado por el contribuyente en el período correspondiente.

 

  1. El Convenio en Riesgo.
    • El primer acto de Rebeldía: Nulidad y Apelación de la RG 4/2011.

La Comisión Arbitral, ante el avance abusivo de las distintas jurisdicciones y la múltiple imposición que generaban los diversos regímenes de retención y percepción vigentes, dictó la RG 3/2010 que sustituía el texto de la RG 61/95:

“Los regímenes de recaudación (retención, retención bancaria, percepción) del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que establezcan las jurisdicciones adheridas al Convenio Multilateral del 18.8.77, respecto de los contribuyentes comprendidos en esta norma legal, deberán observar las siguientes pautas:

  1. a) Con relación a regímenes de recaudación (retención, retención bancaria y percepción), se sujetarán a las siguientes:
  2. Podrán designar como agentes de recaudación a cualquier persona física o jurídica, con independencia de que las mismas se hallen exentas o no alcanzadas por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
  3. Podrán resultar sujetos pasibles de recaudación aquellos contribuyentes que realicen actividades con sustento territorial en la jurisdicción que establezca el régimen respectivo.
  4. No se podrá incluir como sujetos pasibles de recaudación a aquellos cuyo sustento territorial y carácter de sujeto pasible, en relación a la jurisdicción que establezca el régimen, se funde en presunciones.
  5. b) Con relación a regímenes de retención, se sujetarán a las siguientes:
  6. Respecto de contribuyentes comprendidos en el régimen general del Convenio Multilateral, la jurisdicción de la que proviene el ingreso podrá obligar a tomar como base de cálculo para la retención sólo hasta el 50 % del mismo o, alternativamente, podrá aplicar una alícuota de retención que equivalga hasta el 50 % de la que corresponda a la actividad gravada;
  7. Respecto de contribuyentes comprendidos en regímenes especiales del Convenio Multilateral, la jurisdicción de la que proviene el ingreso podrá obligar a tomar como base de cálculo para la retención la proporción de base imponible que de acuerdo con los mismos, le corresponda ;
  8. La alícuota de la retención no podrá exceder a la que, de acuerdo con la legislación vigente en cada jurisdicción, corresponda aplicar a la actividad del sujeto retenido según la naturaleza de los ingresos brutos sometidos a la misma”.

Es de destacar que a pesar de la contradicción flagrante que la RG 72/09 de la DGR Tucumán tenía con la RG 3/2010 de la Comisión Arbitral, tratándose esta de una herramienta de presunción de territorialidad, el fisco tucumano no modificó la misma, ni sus procedimientos determinativos.

Tampoco acató la misma en materia de monto de retenciones, ya que las alícuotas diferenciales dispuestas por la RG 23/02 violentaban expresamente el texto de la RG 3/2010, sin recibir modificación alguna.

En 2011, la Comisión Arbitral avanzó aún más con las restricciones en materia de Agente de Retención y Percepción dictando la RG 4/2011 que establece:

“Los regímenes de recaudación (retención, percepción y/o recaudación bancaria) del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que establezcan las jurisdicciones adheridas al Convenio Multilateral del 18.8.77, respecto de los contribuyentes comprendidos en esta norma legal, deberán observar las pautas que se indican a continuación:

  1. a) Con relación a regímenes de retención:
  2. Podrán designar como agentes de retención a cualquier persona física, jurídica o sujeto pasible del gravamen, aún cuando se encuentren exentos o no alcanzados por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
  3. Podrán resultar sujetos pasibles de retención aquellos contribuyentes que realicen actividades con sustento territorial en la jurisdicción que establezca el régimen respectivo.
  4. Respecto de contribuyentes comprendidos en el Régimen General del Convenio Multilateral, la jurisdicción de la que proviene el ingreso podrá obligar a tomar como base de cálculo para la retención sólo hasta el 50 % del mismo o, alternativamente, podrá aplicar una alícuota de retención que equivalga hasta el 50 % de la que corresponda a la actividad gravada;
  5. Respecto de contribuyentes comprendidos en Regímenes Especiales del Convenio Multilateral, la jurisdicción de la que proviene el ingreso podrá obligar a tomar como base de cálculo para la retención la proporción de base imponible que de acuerdo con los mismos, le corresponda;
  6. La alícuota de la retención no podrá exceder a la que, de acuerdo con la legislación vigente en cada jurisdicción, corresponda aplicar a la actividad del sujeto retenido según la naturaleza de los ingresos brutos sometidos a la misma.
  7. b) Con relación a regímenes de percepción:
  8. Podrán designar como agentes de percepción a cualquier persona física, jurídica o sujeto pasible del gravamen, aún cuando se encuentren exentos o no alcanzados por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
  9. Podrán resultar sujetos pasibles de percepción aquellos contribuyentes que cumplan con alguna de las siguientes situaciones:
  10. i) contribuyentes inscriptos en el régimen del Convenio Multilateral e incorporado a la jurisdicción respectiva;
  11. ii) contribuyentes inscriptos en el régimen del Convenio Multilateral, que sin estar inscripto en la jurisdicción respectiva, evidencien su calidad de tal por las declaraciones juradas presentadas;

iii) demás contribuyentes no mencionados en los casos anteriores, excepto que se trate de:

  1. Contribuyente local inscripto exclusivamente en una jurisdicción distinta a la que pretende aplicar el régimen de percepción;
  2. Contribuyente de Convenio Multilateral que no tenga incorporada la jurisdicción por la cual se pretende aplicar el régimen de percepción.
  3. c) En el caso de los regímenes de recaudación bancaria, no podrá incluirse como pasibles de los mismos a aquellos sujetos cuyo sustento territorial y/o carácter de sujeto pasible, en relación a la jurisdicción que establezca el régimen, se funde en presunciones”.

Ante el dictado de esta RG el fisco tucumano empezó su hoy ya largo camino de rebeldías contra las autoridades de la Comisión Arbitral, apartándose de sus procedimientos internos y recurriendo a herramientas a nuestro criterio de un carácter paralelo inaceptable para impedir la aplicación de normativa supra legal en su territorio.

Así, interpuso primeramente la nulidad del procedimiento de dictado de la RG 4/2011, e inmediatamente a posteriori su apelación basándose en los siguientes argumentos:

Atacó primeramente la lógica de la medida dispuesta:

Sostuvo la Provincia de Tucumán que un sujeto es contribuyente de Ingresos Brutos en su jurisdicción con independencia de su inscripción y que el sustento territorial está dado por los gastos, incluso por los no computables. La realización de actividades implica la configuración del hecho imponible independientemente de la inscripción del contribuyente.

Para DGR Tucumán resulta inconcebible que se asigne base a través de la existencia de actividades con sustento territorial y se disponga que no se puede percibir en la fuente por el sólo hecho de haber omitido inscribirse. Por ello, para Tucumán, la RG 4/2011 resulta contraria al objeto y fin del Convenio.

Manifestó que vedar la percepción a contribuyentes que no estén inscriptos en la jurisdicción, como a los de Convenio sin alta en la Provincia o a los de jurisdicción exclusiva, es un despropósito que contraría la finalidad el convenio, y “lo que es más grave” las disposiciones del Código Tributario Local.

Así, sostuvo, se exceptúa de los regímenes de percepción a sujetos que según el Código Tributario Local y el Convenio Multilateral son contribuyentes tucumanos.

¿Cómo puede ser – se preguntan sus representantes – que un contribuyente no inscripto en ninguna jurisdicción puede resultar pasible de percepciones pero uno inscripto en otra jurisdicción no lo sea? ¿Porqué razón si son ambos pasibles del hecho imponible?

De esa forma, manifiesta, para evitarse la percepción bastaría con no inscribirse en la jurisdicción que percibe.

Luego la Provincia de Tucumán, atacó con extrema gravedad institucional, la competencia de la Comisión Arbitral para dictar reglamentaciones sobre los mecanismos de cancelación de las obligaciones, ya que los regímenes de agente de percepción y retención son sólo medios de pago.

El Convenio Multilateral, según el fisco tucumano, sólo regula la materia imponible.

La intromisión de la Comisión Arbitral respecto a regímenes de recaudación es excesiva, y por lo tanto incompetente, todo ello en atención a que el convenio nada dice sobre medios y formas de ingreso del impuesto.

La RG 4/2011, precisó, vulnera expresamente el art. 219 del Código Tributario local que autoriza al fisco provincial a establecer alícuotas, coeficientes y/o porcentajes diferenciales para los que no acrediten su inscripción local.

  • Segundo Acto de Rebeldía: La RG 142/2011 del Fisco Tucumano.

DGR Tucumán procedió de inmediato a cursar mediante Resolución General Local 142/2011 un comunicado a los agentes de percepción tucumanos señalando la ilegitimidad de la norma en cuestión en los siguientes términos:

VISTO las consultas efectuadas por un sinnúmero de agentes de percepción comprendidos en los regímenes establecidos por las RG (DGR) Nros. 86/00 y 174/10, y sus respectivas modificatorias y normas complementarias, en virtud de las pautas fijadas por la RG N° 4/2011 dictada por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (18/8/1977) y publicada en el Boletín Oficial de la Nación en fecha 25/10/2011 y

CONSIDERANDO:

Que la RG (CA) N° 4/2011 no fue dictada en uso de las facultades conferidas por el inciso a) del artículo 24 del Convenio Multilateral, conforme surge de su propio texto, por no revestir el carácter de norma general interpretativa de las cláusulas del citado Convenio; estableciéndose, a través de su dictado, sólo pautas de armonización -no obligatorias- de los regímenes de recaudación vigentes en las distintas jurisdicciones;

Que solo las normas generales interpretativas de las cláusulas del Convenio Multilateral, a las cuales se refiere el inciso a) del artículo 24 del Régimen, son obligatorias para los fiscos adheridos; cláusulas, éstas, que solo prevalecen sobre la legislación local en lo que respecta a la distribución de la base imponible en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los contribuyentes que ejercen las actividades a las cuales se refiere el artículo 1° del citado Convenio;

Que los regímenes de percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos establecidos en la Provincia de Tucumán mediante las RG (DGR) Nros. 86/00 y 174/10, y sus respectivas modificatorias y normas complementarias, se encuentran plenamente vigentes en los términos dispuestos por esta Autoridad de Aplicación en uso de las facultades legalmente conferidas por los artículos 9, inciso 10., y 32 del Código Tributario Provincial, y hasta tanto no se los modifique receptando lo normado por la RG (CA) N° 4/2011, las pautas de armonización dictadas por la Comisión Arbitral no tienen vigencia respecto a esta jurisdicción adherida al Convenio Multilateral;

Que las modificaciones a las cuales se hace referencia en el Considerando anterior, requieren previa recepción legislativa mediante ley formal que modifique lo establecido por los artículos 9, inciso 10., 32 y 219 del Código Tributario Provincial, cuando razones de mérito, oportunidad y conveniencia así lo estimen de corresponder en razón de la política fiscal implementada en la Provincia de Tucumán, por cuanto las pautas de armonización fijadas por la RG (CA) Nº 4/2011 no revisten el carácter de obligatorias conforme a todo lo antes considerado;

Que las modificaciones legislativas antes referidas, para receptar las pautas de armonización fijadas por la Comisión Arbitral implican limitar a esta Autoridad de Aplicación en el establecimiento de regímenes de percepción respecto de contribuyentes que no hayan cumplido con la obligación legal de inscribirse en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos a través del Régimen del Convenio Multilateral;

Que a mayor abundamiento de todo lo antes considerado, cuadra recordar que el Código Tributario Provincial establece que son contribuyentes aquellas personas respecto de las cuales se verifica el hecho imponible previsto por el legislador (artículos 26, 214 y 218), facultando a esta Autoridad de Aplicación a otorgar en los distintos regímenes de recaudación un tratamiento diferencial a los contribuyentes que no hayan dado cumplimiento con la obligación legal de inscribirse (artículo 219); tratamiento diferencial que así se dispusiera en los regímenes de percepción citados en el Visto, vigentes en la Provincia de Tucumán;

Que en consecuencia, los agentes de percepción deben actuar de conformidad con lo dispuesto por las normas que establecieron los regímenes de percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en el caso, los dispuestos por las RG (DGR) Nros. 86/00 y 174/10, y sus respectivas modificatorias y normas complementarias;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9 y concordantes del Código Tributario Provincial y a tenor de lo dictaminado en forma conjunta por los servicios jurídico y técnico permanentes de esta DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS,

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS, RESUELVE:

Artículo 1º.- Dejar expresamente establecido que los regímenes de percepción dispuestos por las RG (DGR) Nros. 86/00 y 174/10, y sus respectivas modificatorias y normas complementarias, se encuentran plenamente vigentes hasta tanto esta Autoridad de Aplicación los modifique, sustituya o reemplace.-

En consecuencia los agentes de percepción comprendidos en los citados regímenes, deben actuar conforme a lo dispuesto por las normas que expresamente los establecen.-

Artículo 2º.- Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese”.-

  • Tercera Rebeldía: Medida Cautelar obtenida por la Provincia de Tucumán contra la RG 4/2011.

Planteada que fuera la nulidad y apelación por parte de DGR Tucumán, estratégicamente el fisco tucumano no podía permitirse que la RG 4/2011 entre en vigencia, pues – como lo mencionó en su escrito judicial – los ingresos por pagos a cuenta del régimen de agentes de percepción le representaban $30.000.000 anuales aproximadamente.

Por ello, y violentando las normas de procedimiento a las que se adhirió al suscribir el convenio, procedió a concurrir al Juzgado Federal Nro. 1 de Tucumán y solicitar una medida cautelar autónoma contra la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral en el marco del expediente Caratulado “Provincia de Tucumán – DGR C/Comisión Arbitral del Convenio Multilateral S/Medida Cautelar”, Expte 11273/2011.

En dicho expediente, y a pesar de la expresa oposición del Fiscal Federal a la competencia del fuero, el Juez Federal de primera instancia le otorgó medida cautelar de suspensión de ejecutoriedad de la RG 4/2011 hasta tanto se resolviera la apelación pendiente ante la Comisión Plenaria. Ordenó, del mismo modo, se publicara en el Boletín Oficial la inaplicabilidad de la RG 4/2011 a la Provincia de Tucumán.

  • Nueva Rebeldía: La presentación ante la Comisión Federal de Impuestos y Nueva Medida Cautelar

Continuando desplegando un pensamiento estratégico, el fisco tucumano, al advertir que la Comisión Plenaria del Convenio rechazaría su apelación, y por ende se agotarían los efectos precautorios de la medida cautelar de suspensión de ejecutoriedad atada a tal decisiorio, impulsó un nuevo e  innovador procedimiento de revisión de las decisiones de la Comision Arbitral: Una denuncia del procedimiento ante la Comisión Federal de Impuestos, organismo de revisión de la Coparticipación Federal de Impuestos Nacionales.

Sorprendentemente, la Comisión Federal de Impuestos, hoy presidida por el Ministro de Economía de Tucumán, le dio tratamiento a la denuncia formulada y valiéndose del acto administrativo que daba curso a la denuncia, el fisco tucumano planteó en el marco del mismo proceso judicial ante su juez federal local una nueva medida cautelar no innovativa, la que fue otorgada por el Juzgado Federal ordenando a la Comisión Arbitral publicara en el Boletín Oficial que la RG 4/2011 no se aplicará para la jurisdicción Tucumán hasta tanto recaiga decisión en el procedimiento llevado adelante ante la Comisión Federal de Impuestos.

El expediente judicial permanece sin trámite desde febrero de 2013, sin que ni siquiera se haya corrido traslado de la apelación al decisorio de competencia efectuado por el Sr. Fiscal Federal, y mientras el lento procedimiento ante la Comisión Federal de Impuestos, que preside el Ministro de Economía de la Provincia de Tucumán, no obtenga un resultado final, la RG 4/2011 permanecerá sin aplicación para Tucumán.

  • Advertencia sobre la grave inacción de la Comisión.

Resulta preocupante la nula actividad de la Comisión Arbitral en el proceso judicial anteriormente mencionado y ante la Comisión Federal de Impuestos.

La misma ni siquiera se ha apersonado en el expediente judicial y no nos consta actuaciones de impulso o defensa del expediente iniciado por Tucumán en la Comisión Federal de Impuestos.

Es lamentable que la Comisión no haya cuestionado la competencia del juzgado federal de primera instancia tucumano, grave antecedente que podría resultar señero para que otras jurisdicciones intenten acciones similares ante resoluciones generales que les resulten perjudiciales.

También resulta curioso que no se hayan apelado ninguno de los decisorios cautelares logrados por el fisco tucumano, acatándose los mismos sin reparo alguno.

Es importante destacar la gravedad del asunto: Se ha ocurrido por una vía indebida y obtenido un remedio procesal impensado en los años de vigencia del convenio y la Comisión Arbitral no ha efectuado defensa alguna al respecto.

Lo que es más grave aún, ha permitido que una resolución general y una resolución plenaria del cuerpo no resulte aplicable a uno de sus miembros sin contradecir estos actos. Preocupante mensaje.

 

 

  1. Conclusión.

Creemos que a los fines de dotar de una razonabilidad acorde con las directivas emanadas de nuestra Carta Magna, debiera propenderse a la unificación de los regímenes de retención provinciales en un solo régimen bajo la órbita de la Comisión Arbitral, regulando alícuotas mínimas de tal suerte que lo ingresado sea realmente un “pago a cuenta”.

Así, tan pronto como cualquier sujeto pasible exteriorizara en su Declaración Jurada mensual un saldo a favor, debiera ser excluido del referido régimen en forma inmediata, sin dilación ni trámite alguno al mes siguiente de expuesto dicho saldo.

Las pautas señaladas son mínimas y atienden a un objetivo básico: la razonabilidad del sistema acorde con pautas emanadas de nuestra Constitución Nacional.

En resumidas cuentas, y recordando sabias palabras emitidas por nuestro Tribunal cimero hace más de sesenta años, nuestros gobernantes debieran recordar al momento de regular cualquier régimen de “pago a cuenta” lo siguiente: “La facultad de establecer impuestos es esencial e indispensable para la existencia del Gobierno, pero ese poder cuando es ilimitado en cuanto a la elección de la materia imponible o a la cuantía, envuelve necesariamente la posibilidad de destruir que lleva en su entraña”. Esta máxima resulta de aplicación aun cuando nos estemos refiriendo a “pagos a cuenta”, por cuanto la excesiva proliferación de los mismos, tal como fuera expuesto, determinan que funcionen en los hechos como verdaderos tributos en abierta contradicción con principios y garantías constitucionales.

Desde el punto de vista institucional, instamos a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral a no permitir actos de rebeldía como los de la Dirección General de Rentas de Tucumán, la que está llevando adelante acciones con expreso apartamiento de la jurisdicción convenida a través de herramientas judiciales incompatibles con los compromisos supra legales asumidos.

La inacción del organismo ante las presentaciones incompetentes del fisco tucumano tanto en sede judicial como ante la Comisión Federal de Impuestos resultan preocupantes, e instamos al organismo a defender su autoridad y vigencia apersonándose en los respectivos procesos, y atacando por ilegítimos los remedios intentados.