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Ajuste por Inflación: Fallo de la CSJN reafirma la doctrina de confiscatoriedad del Tributo.

May 13, 2015 Derosa y Asoc.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la procedencia de la demanda de repetición interpuesta por Bayer S.A. quien alegó confiscatoriedad en la aplicación del Impuesto a las Ganancias por impedir aplicar a la firma mecanismos de Ajustes por Inflación

Para resolver este caso se remitió a la doctrina del precedente jurisprudencial “Candy”, confirmando la decisión de la Cámara y del juzgado interviniente que habían dispuesto que resulta inaplicable a los fines de la liquidación del impuesto a las ganancias la prohibición de aplicar el mecanismo de ajuste por inflación (Corte Suprema de Justicia de la Nación; “Bayer S.A. c/ AFIP s/ Contencioso Administrativo- Varios”; 23/06/2015).

Para decidir lo concerniente a la repetición consideró que resultaban inaplicables a la empresa a los fines de liquidar el tributo, las normas que prohibieron utilizar el sistema de corrección previsto en el Título IV de la Ley 20.628 por haber demostrado con prueba que, de lo contrario se configuraría un supuesto de confiscatoriedad en los términos examinados por la Corte en el Fallo “Candy”.

Al resolver el recurso la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que las cuestiones planteadas eran sustancialmente análogas a las consideradas y resueltas por dicho Tribunal en el precedente “Candy” (Fallos: 322:1571). Asimismo consideró que los instrumentos acompañados por la empresa, especialmente las conclusiones del peritaje contable, permiten tener por demostrada la existencia de un supuesto de confiscatoriedad. En consecuencia, el Tribunal dispuso confirmar la admisibilidad de la demanda de repetición y efectúo la observación de que tuvo la oportunidad de ejercer facultades de fiscalización y control al sustanciarse el reclamo administrativo de repetición, el cual fue rechazado por el Organismo Fiscal basándose en razones de puro derecho por las que consideraba que no correspondía aplicar el ajuste por inflación.

Debemos recordar que luego de varios años de ansiosa espera, la Corte Suprema de Justicia de la Nación finalmente se pronunció en el año 2009, en la causa “Candy”, sobre los efectos confiscatorios de la inaplicabilidad de las normas de ajuste por inflación contenidas en la ley del impuesto a las ganancias. Mucha agua había corrido bajo el puente antes de esta decisión, ya que en el ínterin no sólo el Estado había ofrecido variados mecanismos para intentar agotar esta cuestión sino que, además, la Corte en la causa “Dugan Trocello” había anticipado que abordaría la eventual declaración de inconstitucionalidad sólo si la prueba reunida en un caso sometido a su estudio resultaba apta para acreditar palmariamente tal afectación.

La decisión recaída en “Candy” –sentencia del 03/07/2009 – en que el tribunal cimero convalida el ajuste por inflación en la determinación del impuesto a las ganancias, pese a las observaciones y críticas que suscita el voto de la mayoría, es un paso importante en el reconocimiento que la única forma de determinar la real incidencia del tributo impone inexcusablemente ajustar  el resultado nominal de manera de tener en cuenta los efectos de la depreciación del signo monetario.

Sin perjuicio del trascendente valor del fallo en tanto declara la confiscatoriedad del impuesto a las ganancias resultante en el caso concreto, Candy no resuelve algunos otros aspectos fundamentales sobre los que se esperaba su decisión. Así, al aceptar como legítimas las normas que hacen inaplicables el ajuste impositivo por inflación (salvo probada confiscatoriedad de su aplicación en un caso concreto), la Corte parece retrotraer el estado de situación a los primeros años de la década del setenta, cuando existían unas pocas previsiones legales (no sistematizadas) para hacer frente a este fenómeno económico indeseado que provoca, entre otros daños, la captación de rentas no genuinas a los efectos tributarios. El Tribunal reconoce, como ya lo había hecho para otros tributos, que el impuesto a las ganancias no puede absorber una porción sustancial de la renta, pero no ofrece al respecto una solución que exceda el interés concreto de la causa que decide.

Por tanto, la afirmación del tribunal que resultan constitucionales las previsiones legales que obstan a practicar el ajuste impositivo por inflación, se desdibuja cuando a efectos de apreciar la real  incidencia del tributo acepta su aplicación al caso sometido a decisión.

El plus abonado por el contribuyente –diferencia entre la tasa real y la nominal- que surge de la no corrección de los valores del balance contable, se exhibe como un tributo ilegal, como un impuesto a la inflación, que ya no se limita actuar como una carga sobre los activos monetarios, sino que incide negativamente sobre aquel, distorsionando la entidad  de su capacidad contributiva e incrementando ilegítimamente la presión tributaria que debe soportar, al mantener inmutables en sus valores nominales el monto de los ingresos, bienes, valuación de las existencias etc.

Si bien el pronunciamiento de la Corte en Candy fija un límite del 62% más allá del cual la renta neta calculada sin ajuste por inflación es confiscatoria, deja sin definir muchos otros en los que, aún sin alcanzarse esos índices, la tasa efectiva del impuesto resulte igualmente irrazonable y, por lo tanto, confiscatoria.

Respecto a la vía procesal elegida, o la forma en que debe interponerse el reclamo, debemos recordar que el pronunciamiento del Alto Tribunal en “Dugan Trocello”, abrió entre los especialistas un debate acerca de la vía procesal adecuada para discutir este tema. Aquélla era una acción de amparo y el Procurador General de la Nación había sostenido que en ese “limitado marco” no era posible acceder a la petición de la amparista. “Candy” resuelve también una acción de amparo, y al considerarla procedente ratifica que este remedio es apto cuando se procura el mantenimiento de la supremacía constitucional y no se cuenta con un medio procesal más idóneo (i.e.; expedito, rápido y efectivo). Bayer S.A. fue originariamente interpuesta como acción declarativa de certeza, pero el juez de primera instancia aplicó al caso las reglas del amparo, y la CSJN lo receptó.

Respecto a la forma como probar la confiscatoriedad el voto mayoritario en “Candy” recepta como suficiente la prueba originada en un informe pericial preparado por la actora sobre la base de sus estados contables, coincidente con el efectuado por el perito contador designado por el juez de grado y, este, sin objeciones de ninguna de las partes. A través de este complejo probatorio se acreditaron los distintos índices que llevaron a la Corte a declarar la irracionalidad de un impuesto a las ganancias que, por la no aplicación del ajuste por inflación, absorbe el 62% de la renta impositiva y el 55% de las utilidades contables, ambas ajustadas por inflación.

Similares mecanismos probatorios utilizó en este precedente comentado la firma Bayer S.A. En este caso, además, la Corte rechazó el pedido del Fisco vinculado a la falta de entidad del informe del perito de parte y del perito designado en el caso para probar la confiscatoriedad. Para ello, la Corte sostuvo que el Fisco debió haber empleado todas las facultades que posee en la etapa administrativa, en la que denegó arbitrariamente la producción de probanzas a la firma Bayer S.A.